Seguimiento post penitenciario: prevención de la reincidencia, urgencia de controles y ayuda en la rehabilitación.

DR. MANUEL DE JS. PEREZ SANCHEZ

INTRODUCCION

El tema se enfoca, fundamentalmente,  en la realidad nacional de la República Dominicana, a partir de la vigencia del nuevo ordenamiento procesal penal[1].

 Incluye consideraciones relativas al proyecto de Código Penal[2], aún en fase de elaboración  en el Congreso.

El período de tiempo al cual nos referimos es al comprendido  entre los años 1998 al 2006, que coincide con los mayores esfuerzos de reforma, modernización y transformación de la institucionalidad democrática del país en esta área.

            El objetivo de esta disertación es demostrar la urgencia de establecer políticas de prevención de la reincidencia y  fortalecimiento institucional del sistema penitenciario.

            Las razones que motivan la necesidad de implementar procesos de prevención de la reincidencia a nivel terciario y el fortalecimiento institucional del sistema penitenciario en el aspecto del seguimiento, control y ayuda a los egresados van más allá de la simple enumeración de argumentos o presentación de escenarios sobre el  crecimiento de la sensación de inseguridad o aumento de la tasa del crimen.

Se vinculan con el crecimiento económico, el desarrollo sostenible, la gobernabilidad democrática, la lucha contra la pobreza, el disfrute de los derechos individuales, la consolidación del Estado de Derecho, la  inclusión social y la igualdad de oportunidades.

¿Ahora bien, cuáles son las razones que determinan la reincidencia?

      Las causas sociales del crimen son la pobreza[3], analfabetismo, marginalidad, políticas de ajuste estructural, brecha entre ricos y pobres -marginalidad-, exclusión, migración a las ciudades, crecimiento y hacinamiento de las ciudades, deterioro de la calidad de vida, escasez de servicios, poco acceso de los jóvenes al trabajo, comportamientos criminales transnacionales[4],  citando sólo algunas.

        Hay que agregar otras variadas causales que contribuyen a la existencia de los niveles de criminalidad y de reincidencia, tales como el insuficiente nivel de atención social, ausencia de políticas preventivas de la violencia,  las  armas cortas, el  alcohol y las drogas, así como los obstáculos al acceso a la justicia y los inadecuados niveles de efectividad de las instituciones públicas[5].

            Las circunstancias que conducen a la reiteración delictiva son esas mismas que se han enumerado más el fracaso de la rehabilitación en los centros correccionales, la ausencia de seguimiento socio penal a los egresados; la inexistencia de personal, de planta física, de políticas, procesos y procedimientos para gerenciar y gestionar las tareas y  objetivos de esta materia, así como otras muchas razones que no viene al caso enunciar.

            En el centro de todas las variadas formas de los orígenes de la criminalidad está el ser humano y las circunstancias de su vida, pero también las instituciones llamadas a prestar los servicios necesarios a la comunidad.

 De ahí la importancia de establecer políticas preventivas de la reincidencia y fortalecer la institucionalidad democrática teniendo como objetivo a los egresados del sistema penitenciario.

            El éxito de un buen sistema de prevención de la reincidencia es tener, experimentar y fortalecer a diario un modelo de seguridad ciudadana  tal, que sea un estado de armonía, paz y tranquilidad en el cual se ejerzan a plenitud los derechos individuales y colectivos sin temores ni aprehensiones a la delincuencia, en el marco del Estado de Derecho y   los valores de la vida en democracia.

Seguimiento post penitenciario, prevención y rehabilitación son entidades inseparables en tanto constituyen  parte fundamental del sistema de justicia criminal[6].

Además, dada la circunstancia de que, similar a otros países de la región, el estadio de desarrollo de nuestros centros correccionales no garantiza del todo la recuperación de los infractores, es imprescindible desencadenar la fuerza conjunta del Estado y la sociedad, a fin de establecer  medidas adecuadas   para ayudar a iniciar y mantener una ordenada vida en la comunidad después del egreso de las facilidades penitenciarias, al mismo tiempo que proteger de manera efectiva a la ciudadanía.[7]

El problema, por otra parte, no es nuevo, sino por el contrario, constituye el más grave e invisible mal que ha afectado[8] y perturba la calidad de vida en la región, impidiendo el desarrollo de la inversión privada, generando limitaciones al crédito y al comercio, así como cerrando las oportunidades de producir las riquezas necesarias para alcanzar la felicidad.

La esencia del problema reside en la ausencia de medios, mecanismos,  instituciones, procesos y procedimientos de acompañamiento, seguimiento, controles y facilidades para evitar la reincidencia.

¿Cómo impedir  la reiteración delictiva de los egresados del sistema penitenciario?

  Una de las manera de impedir la reiteración delictiva de los egresados del sistema penitenciario es estableciendo adecuadas políticas de prevención  y  fortalecimiento de la institucionalidad democrática,  comenzando con el  Departamento de Control de  la Dirección General de Prisiones, seleccionando un personal idóneo y dotarle de las facilidades de lugar para  la misión de fiscalización o la de rehabilitación.

            Políticas de prevención y fortalecimiento institucional que deben ser creadas con la participación de la comunidad,  enfocando la reincidencia como blanco, descubriendo las vías de impedir que se llegue al delito, adoptando las medidas de seguridad necesarias por una parte y,  en otro contexto, revisar los tipos penales abiertos, avanzar en la depenalización, mejorar el acceso a la justicia,  la igualdad de todos ante la ley, implantar mecanismos que permitan opciones de legitimidad, entre otros criterios.

            El diagnóstico y comprensión funcional de los fenómenos asociados al egreso del sistema penitenciario deben verse como parte del tratamiento que, por un lado, es provisional al principio y luego definitivo, pero que en todo caso deben medirse adecuada y exactamente, a fin de alcanzar a comprender las razones de la reiteración delictiva.

            Aplicar las ciencias actuariales al sector penitenciario, organizar bases de datos que permitan a las estadísticas despejar el confuso  panorama del continuo retorno a la prisión, proporcionar la ayuda socio psicológica de lugar, establecer casas de rehabilitación, proporcionar medios, oportunidades, eventos y procesos a los deportados que coadyuven a su rehabilitación; prestar asistencia legal y  ayuda material a los nacionales en centros correccionales del extranjero, deben ser el norte de las actividades cotidianas del Estado en primer lugar y de la comunidad como ente interesado en mejorar la calidad de vida de todas y todos.

Primera parte: sistema penitenciario

Situación general

Tratamiento

Egreso

Controles y Seguimiento al egresado

Estadísticas de la reincidencia

Asistencia en el extranjero

Segunda parte: políticas de prevención y fortalecimiento institucional

Generalidades

Concepto

Participación de la comunidad

Eficacia de la justicia

Opciones de legitimidad

Casas de rehabilitación

Acogida de los deportados

Primera parte: sistema penitenciario

Situación general.-

El   Presidente Constitucional de la República,  DR. LEONEL FERNANDEZ REYNA,  ha enfatizado en sus dos períodos gubernamentales la  modernización  del sistema de justicia criminal[9].

El subsistema penitenciario  está en tránsito hacia  los nuevos paradigmas y objetivos de  la evolución desencadenada por las transformaciones y reformas iniciadas, a pesar de que  su situación general es muy similar a la de otros países de la región.

Como sostiene, en México, Mireille Roccatti Velásquez :“El sistema penitenciario en el mundo, y en particular en nuestro país, pasa por momentos difíciles debido a los problemas de la sobrepoblación, el aumento de los índices de peligrosidad de los internos, la carencia de recursos suficientes para el cumplimiento de sus fines.”[10]

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Recientemente se  ha establecido una política penitenciaria acorde con los principios de la vida en democracia, dentro de los lineamientos generales de la concepción anti crimen del gobierno. Su esencia última es el respeto a los derechos humanos.

Sin embargo, la protección de las libertades no es un estadio permanente, sino el norte de un interminable camino.

 La efectiva vigencia y protección de los derechos humanos individuales, económicos, culturales y sociales, así como de la paz y del desarrollo sólo se alcanzan con el permanente  fortalecimiento del Estado de Derecho y la consolidación continua  de los atributos de la democracia.

Además de las acciones del Poder Ejecutivo, por mandato de la nueva legislación procesal penal, el Poder Judicial interviene ahora en la ejecución de la condena a través del Juez de Ejecución, cuya misión básica es controlar el cumplimiento de las sentencias y  los requisitos de la suspensión condicional del procedimiento[11], bajo el entendido de que “el condenado goza de todos los derechos y facultades que le reconocen la Constitución, los tratados internacionales, las leyes y este Código, y no puede aplicársele mayores restricciones que las que expresamente dispone la sentencia irrevocable y la ley”[12].

Esta participación judicial asegura la judicialización de la aplicación de la pena, fortalece las garantías del debido proceso y establece un fiscalizador de las acciones de la administración pública.

Tiene poder para “corregir y prevenir  las faltas que observe  en el funcionamiento del sistema”[13] y “dispone las inspecciones y visitas de establecimientos penitenciarios que sean necesarias”[14]

Sólo faltaría, para completar adecuadamente el esquema de la protección debida, la asignación de un representante del Poder Legislativo, que sería un delegado del ombusdman o defensor del pueblo[15] en el área penitenciaria.

No basta con la intervención de dos de los Poderes del Estado, “…se requiere el concurso de los Tres Poderes del Estado y de la sociedad en general que de una forma u otra tienen ingerencia dentro el Sistema Integral de Justicia Penal y de la Política Criminal en sus diversas etapas,…”[16]

La reciente política penitenciaria se hace visible en el denominado  nuevo modelo de gestión penitenciaria[17] que impulsa con el apoyo de la Unión Europea y otros colaboradores la Procuraduría General de la República. Es el instrumento práctico de esa directiva.

¿Cuál es la finalidad de esa política?

“La política penitenciaria representa un segmento de la política criminal que busca minimizar  las consecuencias negativas de la aplicación de penas restrictivas de la libertad, maximizando su eficiencia y conjugando el respeto a la dignidad del condenado y la colaboración con su proceso de reintegración social”[18]

En esa declaración de objetivo está ausente el tema de la reincidencia y su prevención, aunque se podría vincular con la ‘colaboración con su proceso de reintegración social’

 

Las premisas propias de una moderna política penitenciaria atañen a “la vigencia de los derechos humanos, a la vocación reintegradora del sistema, a la judicialización de la ejecución, a la actuación interagencial desde el Estado, a la intervención interdisciplinaria de técnicos en las ofertas de servicios para la reintegración, a la medición efectiva de los resultados de políticas implementadas, a la transparencia en la gestión y finalmente a criterios de participación comunitaria”[19]

            La reintegración social tiene mucho que ver con la reincidencia.  Si ésta existe, aquélla está ausente. No se ha logrado devolver al interno a la sociedad con la voluntad y la capacidad de cumplir la ley.

            Pero conocer el nivel de fallos y errores en la rehabilitación o reintegración social, es decir, la reincidencia, sólo es posible por  la ‘medición efectiva de los resultados de  políticas implementadas’, es decir, con la utilización de las estadísticas y la puesta en aplicación de todos los medios de control, fiscalización y seguimiento legalmente utilizables.

            Veamos si el nuevo modelo de gestión comprende esta parte vital de la cuestión.

            ¿Qué es el nuevo modelo de gestión?

 

            Un proceso que regula las medidas de seguridad, terapias ocupacionales, actividades deportivas, visitas, disciplina y  otros aspectos concernientes al régimen de vida de los reclusos, con el objetivo final de que puedan retornar al hogar con capacidad y voluntad para cumplir la ley, respetando y protegiendo sus derechos fundamentales.

            Contiene normas organizativas relativas al régimen económico y administrativo de los establecimientos penitenciarios, así como aquellas otras disposiciones necesarias para la rehabilitación de los reclusos, en el marco del Estado de Derecho y la vida en democracia.

            Describe el ingreso, período de observación,  tratamiento, prueba, formas de salida, protocolo de reingreso, gestión de seguridad, reglas del régimen interno y reglamento de los vigilantes.

            Sus aspectos esenciales son el respeto a la dignidad humana, no discriminar por raza, color, sexo, religión, opinión política; promover el bienestar y desarrollo de los internos, así como su participación  en actividades culturales; orienta a abolir el aislamiento, a la reincorporación del interno a la sociedad, una vigilancia que garantice la seguridad de los internos y a establecer períodos progresivos.

La orientación estratégica y operativa de las políticas públicas se manifiestan en la protección efectiva de los derechos humanos, la reinserción a la sociedad de los internos, su educación y el trasto justo y humanitario por parte del personal de las instituciones correccionales como sus deberes más importantes en el nuevo modelo de gestión penitenciaria.

Sin embargo, deja pendiente el amplio tema del seguimiento a  la prevención terciaria, que compete no sólo a la administración, sino también a la justicia.

No obstante; las provisiones del proyecto de Código Penal establecen una serie de medidas –por demás insuficientes- con respecto a la prevención terciaria, que debemos apreciar y valorar, en la justa proporción que sí satisfacen los requerimientos de una legislación sobre las penas y el modo de implementarlas, a pesar de que entonces queda por  satisfacer el amplio ámbito de la reglamentación penitenciaria.

Veamos las normas que se proyectan implantar en lo relativo al seguimiento socio judicial y a la supervigilancia.

“El seguimiento socio judicial salvo sus excepciones, es una medida, ordenada por el juez o tribunal, en virtud de la cual se obliga al condenado a que una vez que haya recobrado su libertad por la ejecución de la pena de reclusión o prisión que se le impusiere, se sujete a controles de vigilancia y o asistencia, bajo la inspección o control del juez de ejecución conforme el tiempo que se haya dispuesto en la misma”[20]

 Esta medida está destinada principalmente a prevenir la reincidencia y a garantizar la correcta reinserción social del condenado, se declara en el propuesto texto legal.

Lo interesante de esa norma es que subordina la supervisión, el control de las medidas de vigilancia y asistencia a la competencia del juez de ejecución, a quien responsabiliza del éxito  de la aplicación apropiada de la condena impuesta por el juez de fondo.

 Lo que tiene de negativo es que no enumera la naturaleza ni el carácter de las formas de controlar, vigilar y asistir al condenado. Este vacío debe llenarse mediante una adecuada, sensata, razonable y apropiada reglamentación especializada.

 “La duración del seguimiento socio judicial no puede exceder de diez años, en caso de condenación por delito; ni de veinte años, en caso de condenación por crimen”[21], sigue disponiendo el proyecto de Código Penal.

“La sentencia de condenación fijará la duración máxima de la prisión o de la reclusión impuesta al condenado, en caso de inobservancia de las obligaciones puestas a su cargo. La prisión no excederá de dos años en caso de condenación por delito, ni de cinco años en caso de condenación por crimen”.

En relación a la vigilancia, el proyecto de Código dispone que: “Las medidas de supervigilancia aplicables a la persona condenada a seguimiento socio judicial son las siguientes:

1° Responder a los requerimientos que le formule el juez de ejecución de las penas;

2° Visitar al juez de ejecución de las penas o recibir a quien éste designe, para que le comunique las informaciones y documentos que permitan el control de sus medios de subsistencia y la ejecución de sus obligaciones;

3° Informar al juez de ejecución de las penas sobre sus cambios de empleo;

4° Informar al juez de ejecución de las penas sobre sus cambios de residencia, y de todo desplazamiento cuya duración exceda de quince días, y rendir cuentas a su regreso;

5° Obtener la autorización previa del juez de ejecución de las penas para todo desplazamiento al extranjero y cualquier cambio de empleo o residencia, cuando por su naturaleza estos cambios obstaculicen la ejecución de sus obligaciones.”

Debemos tomar nota del ordinal segundo, cuando encarga al Juez el control de los medios de subsistencia  y ejecución de las obligaciones del condenado.

Ello supone que el Juez designe a alguien con la capacidad de efectuar esa labor. ¿A quién compete disponer los medios  -recursos humanos, financieros, logísticos- para llevar a cabo la supervisión de los medios de subsistencia?

¿Es una tarea de la administración o de la justicia?

¿O es una labor conjunta de la administración y la justicia?

Dependerá del acuerdo a que se llegue en ese sentido y de los recursos disponibles en cada uno de esos dos poderes del Estado.

En todo caso, la resolución sobre el Juez de la Ejecución establece una absoluta separación entre las funciones  del Poder Ejecutivo y las del Poder Judicial, al disponer  “ que implica la individualización de las funciones de ambos operadores en materia de la ejecución  y extinción de la pena,  unas funciones administrativas la de la  Dirección General de Prisiones  y jurisdiccional, la del juez de la Ejecución de la Pena, quien es el competente para garantizar el control jurisdiccional para la efectiva vigencia de los derechos humanos de los reclusos, dentro de la finalidad del Estado de Derecho.”[22]

            El juez de Ejecución dispone del asesoramiento de médico legista, psicólogo y trabajador social provenientes de   la Unidad de Coordinación y Seguimiento a los Jueces de Ejecución, organismo que depende de la Dirección General de la Carrera Judicial.

En Perú, la Corte Superior de Justicia de Huaura,  instaló ‘Servicios Móviles de Tratamiento Post Penitenciario’ en la sede judicial de Barranca, para  dar atención legal, psicológica, social y administrativa a los liberados y sus familiares, en coordinación con el Instituto Nacional Penitenciario.[23]

En este novedoso concepto, encontramos una descentralización operativa, que es muy útil, aunque lo deseable es que se tratase de servicios permanentes, con personal fijo y no mediante la utilización rotatoria de funcionarios de la administración  y de la justicia, como fiscales, magistrados jueces y empleados del órgano penitenciario. Sí debe preservarse la unidad de acción coordinada entre representantes del Ejecutivo y del Poder Judicial.

El Tratamiento.-

El tratamiento propiamente dicho inicia desde el momento en que el sentenciado ingresa a la Institución penitenciaria.

 “La aplicación de todas las medidas técnicas necesarias para la modificación de la conducta del delincuente es la base principal del tratamiento penitenciario, así como evitar la reincidencia” [24]

 

 

Las bases para la readaptación social del delincuente son la educación, el trabajo y la capacitación para el trabajo; además de que, por otros medios revele efectiva readaptación social;

            “El tratamiento penitenciario a los reclusos interno es mínimo, y, por lo regular, sólo en los centros penitenciarios ubicados cercanos a la ciudad capital, y es inexistente el seguimiento y tratamiento para quienes han sido excarcelados”.[25]

            “En nuestra realidad no se verifica el seguimiento al excarcelado mediante el tratamiento post-penitenciario, las autoridades de la Dirección General de Prisiones no cuentan con los medios, recursos y personal para cumplir con ese mandato de la ley”[26]

            No existe “…la labor institucionalizada del Estado y de organismos de carácter privado dirigidas a complementar el tratamiento que se presume fue objeto el recluso a los fines de lograr su real y completa rehabilitación y regeneración.”[27]

            “El período de tratamiento, como fase previa al período de prueba, persigue la intervención o tratamiento penitenciario, en función del tratamiento individualizado que se haya programado para el interno/a que se llevará a cabo a partir de las posibilidades de la intervención de las actividades que comprende el centro penitenciario.[28]

            Los programas de intervención y tratamiento deben contemplar básicamente dos aspectos fundamentales: la funcionalidad organizacional que permita un adecuado clima social  y de convivencia en el establecimiento penitenciario. Y la reinserción social de la persona privada de libertad mediante el entrenamiento en habilidades sociales y personales.[29]   

             A juicio de Florentín Meléndez[30], “los graves problemas estructurales que afectan muchos de los sistemas penitenciarios de la región, como son las precarias condiciones de detención y en particular, los elevados índices de hacinamiento y de maltrato, constituyen factores determinantes de los brotes de violencia que caracterizaron el 2005.”

 “En la medida en que las autoridades no adopten medidas preventivas efectivas para evitar y controlar la violencia, continuarán perdiéndose vidas humanas con el consecuente desconocimiento de las obligaciones internacionales suscritas por los Estados.”[31]

                        “Entre las buenas prácticas observadas por el Relator Meléndez durante la visita a Colombia, se destacan la creación de los Comités departamentales interinstitucionales de seguimiento penitenciario; el establecimiento de los Cónsules de derechos humanos, de los comités de derechos humanos, y de las mesas de trabajo, creadas en los centros penitenciarios por el Instituto Nacional Penitenciario de Colombia (INPEC)…” 

 

Objetivos del tratamiento

Tipos de tratamiento

Tratamiento individual

Tratamiento grupal

Segunda parte… políticas de prevención y fortalecimiento institucional

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Generalidades.

 

“… el seguimiento penitenciario es la última fase del Sistema Integral de Justicia Penal, la cual no puede cumplir su función sin ajustarse al principio de legalidad que exige una exacta tipificación de las conductas que deben ser sancionadas con una pena, y la delimitación clara de las autoridades y actos procesales que intervienen dentro del proceso integral…”[32]

            Las modernas instituciones correccionales difieren de las del pasado en el número y variedad de programas para internos. Las industrias prisiones (…) programas educacionales, vocacionales y de tratamiento estaban juntos cuando los objetivos de la la rehabilitación eran prominentes.(pagina 310, Criminal Justice in America, George F. Cole, Chistopher E. Smith, Wadsworth Publishing Company, EEUU

            La decisión de un programa apropiado para un prisionero individual envuelve usualmente  un proceso de clafisicación por un comité del departamento de salud, seguridad, tratamiento, educación e industria determinada por el nivel de seguridad del interno, tratamiento necesario….p.310

            Los programas de rehabilitación permanecen como una parte de las instituciones correccionales, pero su énfasis ha disminuido. Indeed, (ademas?) los objetivos corrientes de la encarcelación de la custodia humana implica no hacer esfuerzos por cambiar a los internos.  P.311

Tres modelos de encarcelamiento han predominado desde antes de 1940: el modelo custodia, el modelo rehabilitación y el modelo reintegración.(300). El primero está basado en la presunción de que el prisionero debe ser encarcelado con los propósitos de incapacitación, destierro o retribución. El segundo enfatiza el proveer programas llamados a reformar al ofensor. El tercero está vinculado con las estructuras y fines de la corrección comunitaria. Se enfatiza el mantenimiento del ofensor en su familia y su comunidad como métodos de reforma, reconociendo el hecho de que el puede retornar a la comunidad.

            Al lado de organismos directamente vinculados al sistema judicial, tales como paneles de libertad condicional, patronatos de seguimiento a la libertad condicional u otros similares, debe existir el oficial de la libertad condicional, directamente vinculado con la administración de prisiones a través de su departamento de control y estrechamente supervisado por  los jueces de ejecución.

            El oficial de libertad condicional debe ser al mismo tiempo un policía y un trabajador social, adiestrado junto a los vigilantes penitenciarios, con experiencia profesional y una  edad mínima de 35 años.

            Al Juez de Ejecución corresponde la tarea de promover “la reinserción social del condenado o condenada después del cumplimiento de la pena privativa de libertad y del egreso de éste o ésta del penal[33]

Prevención

 

Al modelo de prevención social primaria de conductas delictivas centrado en una intervención estatal teorizante e inespecífica se le tilda de que en sí mismo representa una demanda y presión creciente sobre los gobiernos, al tratar de disminuir las tendencias delictivas de la población en mayor riesgo, a través de la educación, salud, vivienda, empleo y sana recreación, sin priorizar el patrullaje,  sanción, rehabilitación ni la indemnización a las víctimas[34].

El modelo de la prevención situacional consiste en hacer más riesgoso y difícil, menos atractivo y menos gratificante la comisión de delito en determinado espacio. Son medidas hacia formas  específicas de delitos, permanentes y sistemáticas que reducen la oportunidad de cometerlos.[35]

Ese modelo ha recibido numerosas criticas: desplaza el delito hacia blancos no protegidos, incrementándose en otros espacios y horas del día, separa el control policial del delito respecto de los problemas de justicia social, omite los delitos corporativos, no afecta a los delincuentes profesionales ni a los reincidentes[36]

La prevención comunitaria y la prevención multi agencial del delito son otros dos sistemas.

Al último se le endilga que su éxito no ha podido ser evaluado fehacientemente, que no disminuyen la delincuencia per sé, sino el temor a la criminalidad, que permite cometer el delito en otra oportunidad u otro lugar, a través de un procedimiento diferente.

“La prevención comunitaria no es una alternativa de éxito en la prevención del delito, pues supone requisitos y situaciones que muchas veces están ausentes..” (pag.44)

Es difícil tener una visión unificada y general que permita evaluar los resultados de la policía comunitaria. Representa el peligro de que pueda involucrarse en actividades delictivas, como el tráfico de drogas, por su relativa autonomía y la ausencia de rotación.

En definitiva, todas las estrategias de prevención del delito han tenido éxitos parciales, a pesar que la historia del delito y su prevención no muestra un progreso acumulativo y lineal. Hay que ir mas allá del limitado discurso de la prevención del delito, insertarse en el contexto de las relaciones entre los problemas sociales y la necesidad de mantener la seguridad ciudadana.(56)

Opciones de legitimidad

Casas de rehabilitación

Acogida de los deportadas

 

 

           

 


[1] El 13 de noviembre del año 2003 la Suprema Corte de Justicia dictó su resolución 1920-2003, por medio de la cual dejó en vigor las medidas anticipadas a la vigencia del entonces nuevo Código Procesal Penal, que a su vez, comenzó a surtir efectos en septiembre del año 2004. Vide Medidas Anticipadas a la Vigencia del nuevo Código Procesal Penal, editado por la Fundación Institucionalidad y Justicia, Editora Tropical, Santo Domingo, 2003. 

[2] Anteproyecto de Código Penal, …..

[3] El número de pobres en América Latina es “de 214 millones, igual al 43% del total de la población, de los cuales 92 millones viven en la indigencia, es decir, perciben ingresos de menos de un dólar por día”, sostiene Carlos Amarante Baret, en su libro, Política Social, El Camino de la Solidaridad, Santo Domingo, 2004, p.91-92

[4] Vide “La Seguridad Ciudadana: un Problema de Desarrollo Humano y de Gobernabilidad Democrática”, Centro Regional de Conocimientos y Servicios para el Desarrollo en América Latina y el Caribe, PNUD, páginas 2-5, Diplomado en Políticas Públicas de Seguridad Ciudadana, Santo Domingo, 2005

[5] Loc. Cit.

[6] El sistema judicial y sus componentes fundamentales –policía, fiscales, defensores, jueces, servidores penitenciarios- han  experimentado cambios significativos desde el año 1994,  en relación a su autonomía, independencia financiera,  carrera judicial, defensoría pública, carrera del  Ministerio Público,  misión policial, desmilitarización de los centros correccionales, innovaciones tecnológicas, formación especializada y otros.

[7] Sin sumarle el tema de los nacionales deportados desde cárceles extranjeras sin haber completado su proceso de rehabilitación.

[8] En 1918….los reos que salían….

[9] La transformación de la legislación financiera, juvenil, procesal penal, penal material, policial, así como el establecimiento del Consejo de la Magistratura, reforma del sistema penitenciario y otros avances se iniciaron en el período 1996-2000.

[10] Mireille Roccatti Velásquez, “Las Causas de las Comisiones de Derechos Humanos”, Presidenta de las Comisiones De Derechos Humanos del Estado de México, Coloquio sobre “Las Experiencias de Las Comisiones De Derechos Humanos: Realidad Actual y Expectativas” Junio, 1994. .http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/derhum/cont/5/pr/pr19.pdf

[11] Artículo 437 del Código Procesal Penal,  Fundación Institucionalidad y Justicia, Editora Búho, Santo Domingo, 2002, página 194

[12] Artículo 436, Op. Cit., página 193

[13] Artículo 437, Loc. Cit

[14].Loc. Cit.

[15] Veáse Ley No19-01 de fecha 1-2-2001, Gaceta Oficial No.10072. En su artículo 13 establece “El Defensor del Pueblo está facultado para vigilar y supervisar la actividad de la administración pública y las privadas prestadoras de servicios públicos, requiriendo un funcionamiento correcto de parte de ésta.”

[16] Mireille Roccatti Velásquez, Loc. Cit.

[17] Nuevo Modelo de Gestión….

[18] Plan de Seguridad Democrática, Lineamientos de la Política Criminal Dominicana, Procuraduría General de la República.

[19]  Inecip. Documento de trabajo: Hacia un plan de política penitenciaria para la Provincia del Neuquen (Argentina)

[20] Vide artículo ….Proyecto de Código Penal,editado por …pagina…

[21] Loc. Cit

[22] Ibidem, página 205

[23] Dirección de Imagen Institucional y Prensa de la Corte de Haura. Internet.

[24] Tratamiento penitenciario y post penitenciario, séptimo semestre,  Universidad Autónoma de Nuevo León / Facultad de Derecho y Criminología /Centro de Tecnologías de Información para el Aprendizaje (CETIA), 2005

[25] Ignacio Pascual Camacho, Introducción al Derecho Penitenciario, Editora Manatí, Santo Domingo, 2005, página 138

[26] Loc. Cit.

[27] Ibidem, página 208

[28] Manual de Gestión Penitenciaria, Unidad Técnica de proyectos de la Procuraduría General de la República, auspiciado por la Comisión Europea, Parme, página 36

[29] Ibidem.

[30] Relatoría sobre los derechos de las personas privadas de la libertad en las Américas, OEA. Relator Especial para los Derechos de las Personas Privadas de la Libertad, Comisionado Florentín Meléndez.

[31] Loc. Cit.

[32] Mireille Roccatti Velázquez, Loc. Cit.

[33] Vide Resolución NO.296-2005 de la Suprema Corte de Justicia, en el libro de Carlos García, El Juez de Ejecución de la Pena en el Nuevo Proceso Penal, Editora Dalis, Moca, 2006, página 179

[34] Patricio de la Puente, Emilio Torres, “Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito”, Gendarmería de Chile, Revista de Estudios Criminológicos y Penitenciarios, noviembre 2000, p 20 24

[35] Ibidem, p.25

[36] Ibidemn, p.26, 27, 28, 29 y 30.